Auditoría social para la movilidad urbana y los derechos humanos de Yucatán
Todos deberíamos operar como auditores sociales de nuestras vialidades y espacios públicos, porque es un derecho universal contar con la accesibilidad urbana, ya que además de que se utilizan recursos públicos para ello, las mismas deficiencias urbanísticas en términos de movilidad, son promotoras de la discapacidad motriz de todas esas personas que lamentablemente sufrieron de algún incidente en la vía pública. Por tanto, las organizaciones civiles y la CODHEY juegan un papel fundamental en la vigilancia y observancia de las acciones que se realizan a favor de la accesibilidad universal. Finalmente, la ciudad debería ser pensada para ofrecer oportunidades de desarrollo humano, en vez de convertirse en un sistema urbano lleno de obstáculos para la movilidad segura.
¿Quiénes se sienten seguros desplazándose por estas calles?
Es necesario dejar de hablar de kilómetros pavimentados y millones de pesos invertidos en parques con juegos infantiles atractivos y coloridos. Ahora lo que se requiere es explicar con datos duros cómo es que estas inversiones se traducen en el mejoramiento de las vidas de tantas personas, que sin estar en una situación precisa de “discapacidad”, no pueden llegar y mucho menos estar en el parque, porque los obstáculos a la movilidad entre aspectos urbanísticos y arquitectónicos les impide acceder y desplazarse de forma segura y cómoda por la ciudad y sus espacios públicos.
El pasado 17 de abril la presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental (AYPADEM) realizó dos declaraciones por este mismo medio, de suma importancia para valorar la calidad urbana de nuestra ciudad:
- “Mérida es una ciudad inaccesible y, si ponen juegos con accesibilidad universal en los parques, la pregunta es cómo va a llegar la gente a estos parques si no hay transporte, si no se puede caminar por las banquetas, no hay accesibilidad” y
- “(…) en Mérida sólo se han hecho 2 calles con accesibilidad universal, que son la Cupules y la avenida Colón en el tramo del nuevo Centro Internacional de Congresos, además de que en la calle 65 pasando Circuito Colonias se hizo otro tramo, pero nada más; el resto de la ciudad es inaccesible para las personas no sólo con discapacidad motriz, sino para los adultos mayores”[1].
Asimismo, señaló que las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizó en 2017 a todos los municipios del Estado en materia de accesibilidad universal no se cumplieron. Estos señalamientos son prioritarios para tenerlos presentes y actuar en consecuencia con respecto a las iniciativas y los recursos que se ejercen en la vía pública y en los parques del estado. Es decir, ¿bajo qué criterios podemos decir que los recursos destinados al mejoramiento de infraestructuras viales y obras sociales están cumpliendo con su objetivo primordial?
Desde esta perspectiva nos referimos a la urgencia de políticas y estrategias transversales en dónde los habitantes se coloquen en el primer lugar de la agenda gubernamental. Es necesario dejar de hablar de kilómetros pavimentados y millones de pesos invertidos en parques con juegos infantiles atractivos y coloridos. Ahora lo que se requiere es explicar con datos duros cómo es que estas inversiones se traducen en el mejoramiento de las vidas de tantas personas, que sin estar en una situación precisa de “discapacidad”, no pueden llegar y mucho menos estar en el parque, porque los obstáculos a la movilidad entre aspectos urbanísticos y arquitectónicos les impide acceder y desplazarse de forma segura y cómoda por la ciudad y sus espacios públicos.
Es por ello, que para hablar de movilidad urbana hay que tener alto grado de empatía social, porque no sólo nos referimos a las personas con alguna discapacidad motriz, sino que el espectro se extiende a cualquier miembro de la sociedad. Hay que pensar en los abuelos que se quedan al cuidado de los nietos, en las mujeres que salen con sus hijos o en los niños preadolescentes que empiezan a desplazarse solos por la ciudad, ya sea caminando o en bicicleta. Cualquiera de estas personas tiene el derecho a la accesibilidad universal y a poder caminar en un lugar seguro y diseñado especialmente para ello. No es posible que las calles se pavimenten sin tener aceras, o que cuando éstas existen, sean tan angostas que dos personas no puedan caminar juntas o que no sea factible transportar un bebe en carriola o el carrito del mandado. Asimismo, hay que considerar el tema del transporte público, con sus paraderos y bahías para que el pasaje se pueda bajar y subir en un lugar seguro.
En virtud de lo anterior, todos deberíamos operar como auditores sociales de nuestras vialidades y espacios públicos, porque es un derecho universal contar con la accesibilidad urbana, ya que además de que se utilizan recursos públicos para ello, las mismas deficiencias urbanísticas en términos de movilidad, son promotoras de la discapacidad motriz de todas esas personas que lamentablemente sufrieron de algún incidente en la vía pública. Por tanto, las organizaciones civiles y la CODHEY juegan un papel fundamental en la vigilancia y observancia de las acciones que se realizan a favor de la accesibilidad universal. Finalmente, la ciudad debería ser pensada para ofrecer oportunidades de desarrollo humano, en vez de convertirse en un sistema urbano lleno de obstáculos para la movilidad segura.
[1] https://www.poresto.net/2019/04/17/ningun-ayuntamiento-atendio-recomendacion-de-codhey-del-2017/
Publicado originalmente en prensa local Por Esto! el 29 de abril de 2019.
