¿Cómo se puede atender el tema de la movilidad urbana de Mérida y su zona metropolitana desde la escala municipal y con la participación vinculatoria de la escala estatal? De modo que el tema del transporte público debería emerger como uno de los ejes prioritarios para redefinir el rumbo de la política sobre la planeación urbana. En el entendido de que no podría haber política de transporte público, sin que haya una redefinición del modelo de ciudad.
¿Qué papel juega el Transporte público entre el Ayuntamiento y el Estado?
Urbanizaciones urbanas y la ruptura de la continuidad urbana
La innovación para la movilidad urbana y regional es uno de los principales problemas para atender en la agenda pública.
La movilidad no motorizada requiere de una nueva forma de comprender a la vialidad para darle prioridad a ciclistas y peatones.
El crecimiento de la ciudad de Mérida se ha dado en la última década sin precedentes. Tenemos de manera simultánea dos fenómenos importantes para analizar y trabajar en consecuencia. Por un lado, el auge inmobiliario y sobre todo en urbanizaciones en propiedad de régimen de condominio y por otro, el aumento del parque vehicular. Con respecto al primer punto, tenemos que, aunque Mérida se vende como una de las ciudades más seguras del país, causa extrañeza que la oferta inmobiliaria le apueste a un modelo habitacional cerrado con bardas perimetrales, vigilancia 24/7 y control de acceso.
Si bien, las personas tienen la libertad absoluta de vivir en donde mejor les convenga y puedan pagar, el tema de las urbanizaciones cerradas va más allá de una mera cuestión de estatus socioeconómico. Toda vez que la ley no especifica un límite máximo al área que se puede encerrar con una barda perimetral. Y esto por un lado les da “seguridad” a los viven al interior y pagaron por ello, pero, por otro lado, rompe con la continuidad urbana y con la posibilidad de que el sistema de transporte público, junto con otros servicios puedan realizarse de forma eficiente, lógica y sostenible.
De manera simultánea tenemos un aumento del parque vehicular, el cual queda de manifiesto en las principales vialidades de la ciudad, principalmente en las que conectan a la periferia en donde predominan los desarrollos inmobiliarios de uso habitacional y comercial, muchos de ellos como ya he mencionado, en tipo de urbanizaciones cerradas. Por tanto, cómo se estima tomar el control de la problemática del transporte público, cuando la visión y las estrategias al respecto, parecen centrarse en un tema de modernizar las unidades o cambiar las rutas.
Estamos hablando de movilidad urbana en el sentido más amplio de la problemática. Y esto implica comprender que la forma en la que se planea y se autorizan los usos del suelo en Mérida y su zona metropolitana, son el origen fundamental para determinar un mejor sistema de rutas para el transporte público, vinculado a su vez a un sistema de ciclopistas y rutas peatonales. Esto implicaría poner sobre la mesa datos y cifras sobre cómo se desplaza la gente, cuánto gasta y cuánto tiempo le lleva realizar sus recorridos básicos a lo largo del día y de la semana. Y con base a esta información, entonces definir qué es lo que quiere lograr con un plan de movilidad sustentable.
Es decir, cómo logramos que el sistema de transporte público, además de que funcione positivamente para la población, sea motivo de desincentivar el uso del automóvil. Desde esta perspectiva, se tendría que pensar en garantizar que las calles de la ciudad sean espacios donde la gente pueda caminar y encontrarse. Ya que habría que reflexionar sí las calles que rodean y protegen a los habitantes que viven en el interior de las privadas, cuentas con las condiciones urbanísticas que les hagan sentir seguros a los peatones, y a su vez, que permitan trazar rutas de transporte eficientes.
Por tanto, tenemos que la problemática del transporte público es mucho más compleja que sólo pensar en las unidades y rutas. Más aún que las dependencias involucradas ocupan diferentes niveles de gobierno. En el nivel municipal tenemos al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) que determina los usos del suelo para el corto, mediano y largo plazo el cual ha desarrollado el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable PIMUS con visión al 2040; también tenemos a la Dirección de Desarrollo Urbano a través de la cual se autorizan los desarrollos inmobiliarios. Y por el nivel estatal, está el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), al cual le corresponde atender la problemática de la movilidad y el desarrollo urbano en la escala estatal. Con lo cual tenemos que el tema del transporte público le corresponde exclusivamente al Gobierno del Estado, aunque sus problemas de origen sean de escala municipal.
En virtud de lo anterior, ¿cómo se puede atender el tema de la movilidad urbana de Mérida y su zona metropolitana desde la escala municipal y con la participación vinculatoria de la escala estatal? De modo que el tema del transporte público debería emerger como uno de los ejes prioritarios para redefinir el rumbo de la política sobre la planeación urbana. En el entendido de que no podría haber política de transporte público, sin que haya una redefinición del modelo de ciudad. Y para ello, habría que ponerles un límite a las urbanizaciones cerradas, tanto en su proliferación, como en su extensión. Toda vez que esas zonas de la periferia corren el riesgo de colapsar en pocos años, porque nadie vio venir el grave problema de autorizar sin control urbanizaciones cerradas que atentan con la continuidad de la estructura vial, impiden el flujo vehicular eficiente y no contemplan la posibilidad de que un sistema de transporte público se integre a ellas.
Publicado en prensa local Por Esto! 20 de enero de 2020
